En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo

En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo

 La medida, dispuesta desde la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización está vigente desde el 15 de agosto y sólo permite la pesca deportiva con devolución inmediata de la pieza cobrada desde el 16 de marzo al 14 de agosto de cada año.

Quedan exceptuados de la obligación los pescadores artesanales que acrediten su condición de tales, cuyas capturas se destinen únicamente al consumo propio y a la venta al público. Marcelo Sapetti, director de la repartición citada, especificó que cualquier violación a la presente disposición dará lugar a las sanciones previstas en la Ley de Pesca Nº 4892.

Sumó que el objetivo es administrar y regularizar la actividad de la pesca deportiva, con el objeto de resguardar la especie en cuestión, de aquellos sistemas de captura inapropiados, que puedan poner en riesgo la existencia y sostenibilidad del mismo.

En cuanto a la especie de Dorado, Sapetti complementó al recordar que en Entre Ríos se la declaró por Ley como pez de interés turístico provincial y prohíbe su pesca comercial, acopio, venta, tenencia y tránsito en todo el territorio provincial. No obstante, permite la pesca cuando se realice en forma deportiva y con devolución obligatoria, así como la que realicen los pobladores ribereños por cuenta propia para su alimentación y la de sus familias, y los pescadores artesanales para consumo familiar o venta directa al público, garantizando las medidas de resguardo de la especie.

Las acciones de fiscalización se realizan en coordinación desde la Policía entrerriana y el Ministerio de Desarrollo Económico. Por caso, este martes se concretó un operativo de control iniciado por personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Villaguay sobre la Ruta 20 y la Autovía Nacional 18, donde se logró el decomiso de más de 400 kilos de pescado que era transportado ilegalmente. 

Se licitaron con recursos provinciales 18 viviendas para Concordia

Se licitaron con recursos provinciales 18 viviendas para Concordia

 Con fondos provinciales, se licitaron 18 viviendas tipo dúplex para la ciudad de Concordia, que se ejecutarán a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

Se presentaron cuatro oferentes y la apertura de las propuestas económicas  se realizó en la sede del organismo provincial.

El acto licitatorio fue encabezado por el presidente del organismo, Manuel Schönhals, quien estuvo acompañado por la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda; los vocales, Luis Uriona, Aníbal Steren y José Artusi, los representantes de las empresas constructoras y personal técnico de la repartición provincial, entre otras autoridades.

Al respecto, Schönhals afirmó que “es una gran alegría poder acercar  soluciones habitacionales para los vecinos de nuestro territorio, que tanto lo necesitan, en una tarea que llevamos adelante con el gobernador Rogelio Frigerio, el municipio de Concordia  y nuestro equipo de trabajo del organismo “.

El directivo hizo hincapié en “el efecto multiplicador que tiene la industria de la construcción en la generación de empleos directos e indirectos, y su consecuente impacto en la actividad comercial en las distintas localidades donde se ejecuten  nuevas viviendas”.

Concordia: 18 viviendas dúplex

Hubo cuatro ofertas económicas: Incar S.A,  Cocco  Construcciones SRL, Haure Carlos Diego, y Goñe Hugo Roberto.

Las nuevas unidades habitacionales serán del tipo dúplex, de construcción tradicional, constituidos por dos dormitorios, con una superficie de 57 metros y contarán con un plazo de ejecución de 15 meses.

Desde el organismo se resaltó la conveniencia de este tipo de construcción en zonas urbanas o de consolidación intermedia, ya que permite un mejor aprovechamiento del suelo, una mayor densidad urbana y reducción de los costos de infraestructura, evitando la expansión territorial del municipio.

La Justicia Federal ordenó al PAMI a restituir el 100% de los medicamentos a los afiliados de Entre Ríos

La Justicia Federal ordenó al PAMI a restituir el 100% de los medicamentos a los afiliados de Entre Ríos

El amparo colectivo, impulsado desde Concepción del Uruguay, fue en beneficio de los más de 152 mil jubilados y pensionados de la provincia. La medida cautelar fue dictada por el juez federal de Mendoza, Pablo Quirós, quien resolvió que el PAMI debe restituir la cobertura completa de medicamentos, tal como existía hasta diciembre de 2024, cuando entró en vigencia la decisión administrativa que redujo la cobertura.

La resolución del juez Quirós, titulada “Extensión medida cautelar – Entre Ríos – medicamentos – PAMI”, amplió una medida cautelar previamente dictada en favor de otras provincias como Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba y Capital Federal, extendiéndola a los jubilados y pensionados entrerrianos.

De esta forma, se reestablecería la gratuidad total de los medicamentos. El abogado Valodia Nichajew, quien presentó el amparo junto a los gremios de Apinta, Festram, UOMA y Alimentación, puntualizó que la resolución fue dictada el 21 de octubre.

En este contexto, el PAMI apeló la medida, pero la apelación no suspendió la orden judicial, por lo que la resolución debería llevarse adelante.

Sin embargo, hasta el momento, el PAMI no cumplió. “Este fallo es una reafirmación de que la salud y la vida de los y las adultas mayores no son variables de ajuste”, afirmó Nichajew.

La semana que viene habrá un día sin actividad bancaria

La semana que viene habrá un día sin actividad bancaria

El Banco Central confirmó que el jueves 6 de noviembre no habrá atención en las entidades financieras por el Día del Bancario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el jueves 6 de noviembre no habrá atención al público en los bancos de todo el país.

El motivo es la conmemoración del Día del Bancario, una fecha tradicional para el sector que cada año suspende la actividad financiera en conmemoración de la creación de la Asociación Bancaria, en 1924.

Durante esa jornada, todas las entidades financieras permanecerán cerradas, sin atención en ventanillas ni servicios presenciales. La medida alcanzará a bancos públicos, privados, casas de cambio y al mercado de valores.  Aunque las sucursales no atenderán al público, el BCRA aclaró que los canales digitales permanecerán operativos. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos de servicios, compras con tarjeta de débito y extracciones en cajeros automáticos.

Sin embargo, las operaciones que requieran validación manual, como el depósito o cobro de cheques, acreditaciones de sueldos o pagos en ventanilla, se procesarán recién el viernes 7, primer día hábil posterior al feriado. El feriado bancario genera cada año una leve retracción en la actividad financiera y cambiaria, ya que se suspenden los movimientos en el mercado de valores y divisas. Las operaciones con títulos públicos, dólar oficial o financiero también quedan pausadas durante la jornada.

Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el Gobierno impulsará el debate en el Congreso

Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el Gobierno impulsará el debate en el Congreso

La propuesta, presentada por Romina Diez, introduce beneficios fiscales, flexibilización de contratos y estímulos a la contratación formal, con el objetivo de dinamizar la economía y modernizar el régimen laboral.

 Con el fuerte apoyo que recibió en las urnas, el Gobierno vuelve a poner en agenda la reforma laboral, que ya se venía discutiendo en el Consejo de Mayo. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Romina Diez bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y acompañada por un grupo de legisladores de distintos bloques, propone un ambicioso proyecto de ley: ampliación de la jornada laboral, flexibilización de convenios, indemnizaciones en cuotas y más.

El oficialismo busca retomar este texto presentado originalmente a fines de 2024 y que sirva como base para modernizar la legislación laboral. Esta propuesta sigue los lineamientos de la denominada Ley Bases, y apunta a “institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y el empleado”.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modernización laboral. El proyecto introduce cambios en artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, como la redefinición del principio de irrenunciabilidad, la ampliación de las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades del trabajo, y la actualización de los beneficios sociales no remunerativos.

En cuanto a la movilidad y disciplina laboral, el empleador podrá introducir cambios en la prestación del trabajo siempre que no resulten irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato, y se mantiene la opción para el trabajador de considerarse despedido sin causa si se vulneran estos límites. Además, se precisan los plazos y mecanismos para impugnar sanciones disciplinarias, estableciendo que “dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma”.

El proyecto también redefine el concepto de beneficios sociales, detallando una lista de prestaciones no remunerativas que incluyen desde la provisión de almuerzos y útiles escolares hasta el pago de servicios de telefonía móvil y acceso a internet para el trabajador y su familia. Se aclara que estos beneficios no integran la remuneración, salvo excepciones expresamente previstas.

En materia de remuneraciones y recibos de sueldo, se habilita el pago en efectivo, cheque o acreditación bancaria, y se permite la instrumentación electrónica de los recibos, que deberán contener información detallada sobre el empleador, el trabajador, los conceptos liquidados y las deducciones practicadas.

Respecto a las vacaciones, se flexibiliza la época de otorgamiento y se permite la fragmentación en períodos no menores a una semana, garantizando que cada trabajador pueda gozar de sus vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada dos años, salvo que opte en contrario. Además, se establece que los trabajadores unidos en matrimonio o unión familiar que trabajen para el mismo empleador podrán solicitar el goce conjunto de las vacaciones.

El texto incorpora la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo establezcan regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.

En el capítulo de licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos de tres o seis meses de remuneración según la antigüedad —inferior o superior a 5 años—. En el caso de quienes tengan carga de familia y por lo tanto se encuentren impedidos de concurrir al trabajo, tendrán derecho a percibir remuneración durante seis o 12 meses. Esto último también variará de la antigüedad.

Además, se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos, que podrá ser gestionado por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, con la posibilidad de convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales intervinientes.

En cuanto a la conservación del empleo tras el vencimiento de los plazos de interrupción por enfermedad, el empleador deberá mantener el puesto durante un año adicional. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin responsabilidad indemnizatoria.

El proyecto también modifica el régimen de intereses en créditos laborales, estableciendo que “el total que se obtenga en ningún caso podrá exceder a la suma que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del tres por ciento (3%) anual”. Además, se limita el pacto de cuota litis en juicios laborales al veinte por ciento (20%) y se permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias en hasta doce cuotas mensuales.

Por su parte, el proyecto propone que también las Micro, Pequeñas y Medianas empresas puedan abonar el total de una indemnización en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.

En el ámbito del trabajo agrario, el borrador busca redefinir el alcance del régimen legal, excluyendo a trabajadores de actividades industriales, comerciales, turísticas y de servicios, así como a quienes realicen tareas ajenas a la actividad agraria o estén encuadrados en el régimen de casas particulares. Se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de los trabajadores proporcionados, pero se excluye a los propietarios que arrienden tierras no productivas.

Uno de los capítulos más relevantes es el de incentivos al empleo. Se crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para el resto, todos aplicables durante doce meses. El beneficio se otorgaría solo si la contratación implica un incremento neto en la nómina y el trabajador no tuvo relación laboral en los tres meses previos, salvo excepciones para programas de inserción laboral.

El texto está acompañado por los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert —ahora, en uso de licencia—, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.

Fuente- CN