by contacto.wepastudio@gmail.com | Mar 10, 2026 | Destacado, Interés general
El proyecto surgió tras el impacto de varios casos recientes en la provincia; plantean reforzar la atención pública, sumar profesionales y mejorar los canales de ayuda.
La elevada tasa de suicidios en Entre Ríos, la más alta del país y con un impacto particular en jóvenes, genera preocupación entre especialistas y autoridades, revela un informe de la periodista María Nöllmann para La Nación. La problemática también mantiene en alerta a los adolescentes: su inquietud quedó reflejada en la última edición del Senado Juvenil, un programa provincial en el que participaron, a mediados de 2025, cientos de estudiantes de nivel secundario de todos los departamentos entrerrianos.
En esa edición, los jurados observaron un fenómeno nuevo: la problemática de la crisis de salud mental, en general, y el suicidio, en particular, se repitió una y otra vez entre las distintas iniciativas legislativas propuestas por los estudiantes.
Este programa tiene dos etapas. En la primera, los alumnos de los últimos años de distintas escuelas secundarias redactan su propio anteproyecto legislativo y luego lo presentan a nivel departamental. En la segunda instancia, un jurado elige un anteproyecto ganador por cada departamento. Los seleccionados pasan a competir a nivel provincial, en la sede de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, en Paraná.
“En la primera instancia, de los 28 proyectos presentados, 20 abordaron la prevención del suicidio. En la etapa provincial ocurrió algo similar: además del nuestro, se evaluaron otros cuatro proyectos sobre el mismo tema. Los docentes nos explicaban que, por lo general, las propuestas suelen ser diversas. Esta repetición muestra la dimensión de la preocupación”, dice Antonella Martínez, de 17 años, una de las tres autoras del proyecto que representó a Colón en el Senado Juvenil y que, tras llegar a Paraná, fue tomado por el Senado y aprobado por mayoría.
Su iniciativa, la declaración de la Emergencia Sanitaria en Salud Mental en Entre Ríos por 12 meses, se encuentra desde el 25 de noviembre de 2025 a la espera de la aprobación del Poder Ejecutivo.
Elaborado por Martínez y dos compañeros del Instituto Comercial Privado Almafuerte de Villa Elisa, Axel Benítez y Ashley Viollaz, y guiado por las docentes Natalia Gorosito y Evangelina Bracco, el pedido de declaración, que obtuvo un amplio apoyo entre los senadores provinciales, exige un redoble de los esfuerzos estatales en prevención del suicidio.
Plantea, concretamente, el fortalecimiento de las redes de contención oficiales —mayor presencia de personal especializado en salud mental en los centros de atención del sistema público— para la prevención y atención. También pide la capacitación en prevención de suicidio del personal del sistema de salud y de la comunidad en general, y un aumento de la comunicación oficial sobre los sitios donde se puede pedir ayuda.
La iniciativa de los tres estudiantes de Villa Elisa surgió tras el suicidio de Lorena Lovera, la directora del Instituto Comercial D-46, de la localidad vecina San José, en mayo de 2025.
“Dicha situación nos conmovió, porque no fue un hecho aislado, sino una noticia recurrente”, dice el texto del pedido de declaración. Martínez destaca que fue puntualmente tras este suicidio que una de las docentes de su colegio generó un espacio de debate en clase y esto abrió un intercambio entre los estudiantes que plantearon su preocupación: muchos de ellos dijeron verse reflejados de cerca por la problemática.
En el caso de Martínez, el tema cala especialmente hondo: su madre se quitó la vida cuando ella tenía 6 años. Pero no es la única: de acuerdo a un relevamiento que ella y sus compañeros de proyecto realizaron mientras creaban la iniciativa, respondido por 339 vecinos, el 60,8% manifestó haberse visto afectado de manera cercana por la problemática del suicidio.
El caso de Entre Ríos
Dentro de un panorama nacional preocupante —en la Argentina, las muertes por suicidio no han dejado de subir desde la pandemia—, el caso de Entre Ríos llama especialmente la atención. Hace ya varios años que es la provincia con la tasa de suicidios cada 100.000 habitantes más alta de la Argentina (19,8). Esta duplica la media nacional (9,8).
Es una tasa que crece año a año —fue de 18,8 en 2023 y de 19,8 en 2024— y que mantiene en alerta al gobierno local. El año pasado, tras una seguidilla de casos (llegó a haber un suicidio por día en la provincia durante enero de 2025), la gobernación decidió jerarquizar la estructura de la Dirección de Salud Mental y fortalecer el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, con una línea telefónica de atención las 24 horas, gratuita y confidencial (línea 135).
La situación no ha dejado de ser crítica: en enero de 2026 hubo en Entre Ríos 28 suicidios en 31 días, informaron voceros gubernamentales. Los datos policiales del último año muestran focos en municipios de distintos departamentos, entre los que las autoridades locales destacan la particular situación del partido de San José.
“Las acciones bienintencionadas llevadas a cabo, siguiendo el marco legal existente en nuestro país, no están siendo suficientes”, dice el pedido de declaración, a la vez que afirma: “Creemos necesario el fortalecimiento de las acciones mencionadas en la Ley Nacional de Prevención de Suicidio de nuestro país, a la cual adhiere nuestra provincia”.
“La decisión de quitarse la vida es multicausal, en ocasiones inexplicable, por lo que es complejo de abordar. Pero no podemos quedarnos con esa sensación, debemos seguir trabajando e insistiendo para poder lograr revertir la solución. Parafraseando al psiquiatra Esteban Dávila, ‘todos podemos hacer algo’, se lee en el proyecto estudiantil, que fue acercado al Senado provincial por el senador por el departamento Colón, Ramiro Favre.
“El 25 de noviembre, la presidente de la cámara, Alicia Aluani, y Sergio Avero, que era el secretario, firmaron que había que declarar la emergencia sanitaria en salud mental. Lo que falta ahora es que lo firme nuestro gobernador. No estamos pidiendo plata: estamos pidiendo que aumente la capacidad de los hospitales, de los centros regionales de atención”, afirmó la docente Natalia Gorosito, quien acompañó a los estudiantes de Villa Elisa durante el Senado Juvenil. Destacó que hoy, en su localidad, los vecinos tienen que esperar hasta seis meses para conseguir un turno con un psicólogo o un psiquiatra en el sector público.
Según pudo observar el diario La Nación durante un recorrido por la localidad de San José, situada en el departamento de Colón, la asistencia pública en materia de salud mental no solo es escasa, sino que no da abasto.
Consultados por el diario capitalino, desde la gobernación dispusieron como vocero en el tema a Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados provincial y representante del oficialismo. Hein confirmó que el Poder Ejecutivo está al tanto del pedido de declaración de Emergencia en Salud Mental firmada por el Senado y señaló que, aunque no se avanzó en esta declaración, el gobierno provincial sí ha avanzado en varias medidas de prevención y posvención del suicidio.
Destacó que el gobernador Rogelio Frigerio le dio “luz verde” para movilizar los fondos y medios necesarios para trabajar en el tema, y destacó que en 2025 la provincia realizó más de 87 “bajadas al territorio” a través de mesas de diálogo con autoridades sociales y políticas locales, y que la idea a futuro es intensificar el presupuesto destinado a la salud mental.
“Nosotros, a través de la legislatura, hemos cedido cargos. La legislatura tenía cargos vacantes y se cedieron estos cargos hacia el área de salud para que se puedan hacer nombramientos en salud mental”, destacó Hein. A principios de 2025, él mismo se refirió a Entre Ríos como “la capital nacional del suicidio”.
El legislador anticipó también uno de los proyectos que el gobierno provincial tiene para este año: dijo que buscarán crear una residencia médica en psiquiatría en el Hospital Escuela de Paraná, proyecto que actualmente se baraja con la intención de, para 2028, puedan tener psiquiatras formados en tierra entrerriana que puedan aportar en la atención de la población.
Fuente: La Nación – María Nöllmann/EER
by contacto.wepastudio@gmail.com | Mar 9, 2026 | Policiales
Una situación insólita se dio a dos días del veredicto en el juicio contra Juan Ruiz Orrico, exfuncionario que fue juzgado por la muerte de cuatro trabajadores en un choque en junio de 2024. Este sábado, el Poder Judicial informó que el lunes no se realizará la transmisión de la sentencia que dará a conocer el juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. La razón fue una falla técnica en el equipo de sonido.
“Hacemos saber que debido a la falla del sistema de sonido en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicios y Apelaciones de C. del Uruguay, la cual no pudo ser solucionada por el área técnica, no será posible realizar el streaming programado para el próximo lunes a las 8.30 en el marco del adelanto de veredicto en el juicio legajo Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”, rezaba el comunicado de prensa enviado este sábado a las redacciones de los medios
.No obstante, se aclaró que “los periodistas y medios de comunicación que se acreditaron para la cobertura del mencionado juicio, podrán transmitir la audiencia y lectura del adelanto de veredicto en vivo”. Lo cierto es que, más allá de que algunos medios locales y provinciales cubrirán el veredicto, lo cierto es que la transmisión vía el canal de YouTube del Poder Judicial era un canal de gran importancia para la ciudadanía y los medios de diferentes localidades que siguen el proceso a la distancia.
Orrico está acusado de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024 a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, departamento Uruguay. Según la investigación, alrededor de las 4.30 de la madrugada conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora cuando embistió de frente un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto. Cinco días después del choque fue desplazado de su cargo.
El 18 de febrero, primer día del juicio, Orrico tomó la palabra ante el Tribunal. “Quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”. “Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, agregó.
El 27 de febrero, en el alegato de clausura del juicio, el fiscal Eduardo Santos solicitó que Orrico reciba cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos. Además, pidió que, al momento de dictar sentencia, se ordene la inmediata detención del acusado. En tanto, el abogado querellante Mario Arcusin pidió que sea condenado a seis años de cárcel de cumplimiento efectivo para el imputado. Su opinión fue acompañada por el abogado Leandro Rosatti, quien es querellante en representación de la familia de Axel Rossi.
El planteo de la defensa
En tanto, la defensa del exfuncionario solicitó invocó la pena natural y la reparación material y simbólica ofrecida por el imputado. El abogado Leopoldo Lambruschini destacó que Orrico atraviesa un profundo estado de tristeza y arrepentimiento, respaldado por informes psicológicos que indican necesidad de medicación prolongada, y remarcó que el acusado siempre estuvo sujeto a derecho y carece de antecedentes penales.
Señaló que el daño económico fue cubierto por la ART y que la vía civil está disponible para la reclamación del daño moral, mientras que la acción penal debe valorar la reparación ofrecida como un factor que disminuye la pena.
Además, señaló que Orrico ofreció reparar el daño económico con 150 millones de pesos, pero la propuesta fue rechazada por familiares de las víctimas. Lambruschini solicitó al tribunal una “respuesta proporcional y racional” que tenga en cuenta estas circunstancias.
Fuente: Uno ER
by contacto.wepastudio@gmail.com | Mar 9, 2026 | Policiales
El procedimiento se realizó en un control en Zárate cuando Prefectura interceptó un camión térmico que transportaba sábalos. La carga superaba lo declarado en la guía y el vehículo tampoco contaba con habilitación del Senasa.
Un operativo conjunto permitió incautar 8000 kilos de pescado que eran transportados de manera irregular y tenían destino en una localidad entrerriana. El procedimiento se llevó adelante en la Ruta 12, en el marco de controles destinados a combatir la pesca clandestina y otras infracciones vinculadas a la fauna. El hecho se detectó en un control realizado en la zona de Zárate, donde personal de Prefectura Villa Paranacito interceptó un camión térmico que transportaba una importante carga de pescado. Durante la inspección del rodado, los efectivos constataron irregularidades en la documentación presentada por el conductor.
Diferencias entre la carga y la guía
Según se informó, el chofer presentó una guía que indicaba el traslado de 600 kilos de pescado, pero al realizar el control correspondiente se verificó que la carga ascendía en realidad a 8000 kilos de sábalos. Además, se constató que el camión no contaba con la habilitación correspondiente del Senasa, requisito obligatorio para este tipo de transporte.
Ante estas irregularidades, las autoridades procedieron al secuestro de la carga, que tenía como destino un frigorífico ubicado en la ciudad de Victoria, Entre Ríos.
El procedimiento formó parte de una serie de operativos realizados en distintos puntos de la provincia para prevenir delitos ambientales e infracciones a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.
En ese marco también se realizaron allanamientos y controles en otras localidades, donde se detectaron casos de caza y pesca clandestina.
Fuente: El Once
by contacto.wepastudio@gmail.com | Mar 9, 2026 | Policiales
Minutos antes de las 22 de este viernes se produjo un choque múltiple en la autovía Artigas de la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 87,5, en el departamento Gualeguaychú, al sur de la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a la información recabada por Diario Río Uruguay, por causas que se trataban de establecer, los vehículos de carga transitaban de norte a sur —desde Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires— cuando se produjo la colisión que terminó involucrando a las cuatro unidades.
Como consecuencia del impacto, parte de las cargas que transportaban los camiones quedó desparramada sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a interrumpir totalmente la circulación durante varios minutos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y despeje de la calzada.
En el lugar trabajó personal de la Policía de Entre Ríos, efectivos de Gendarmería Nacional y operarios de la empresa que actualmente tiene a su cargo el mantenimiento y el cobro del peaje de las rutas nacionales 14 y 12.
Cuatro personas fueron hospitalizadas
A raíz del siniestro, cuatro personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas para su atención al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Hasta la medianoche, no había precisiones sobre la gravedad de las lesiones padecidas por las víctimas.
Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las fuerzas de seguridad intervinientes, que buscaban determinar la mecánica del choque ocurrido en uno de los corredores viales más transitados del litoral argentino.
Fuente: DRU
by contacto.wepastudio@gmail.com | Mar 9, 2026 | Policiales
El ex funcionario provincial Juan Ruiz Orrico fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión efectiva este lunes en los trbunales de Concepción del Uruguay por haber chocado y matado a cuatro personas. La fiscalía había solicitado 5 años y la querella 6 años. El adelanto de sentencia fue comunicado este lunes el juez Darío Crespo por el delito de “homicidio culposo agravado” derivado del fatal siniestro vial en la Ruta Provincial 39 que costó la vida de Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi. El magistrado brindó un pormenarizado del hecho en función de los informes. Además soliticó la inmediata detención una vez que la sentencia quede firme. Por otra parte, el ex funcionario fue inahilitado para conducir por 9 años.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores fue impactado de frente en la ruta 39 por un vehículo oficial, Passat conducido por el acusado. Las pericias establecieron que el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque.
Ese jueves 20 de junio era festivo. Cerca de las 5, Orrico iba al mando de un Volkswagen Passat (vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre, con el cual invadió el carril contrario e impactó de frente contra el Chevrolet Corsa, en el que iban las cuatro personas fallecidas. Orrico había estado cenando en casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.
El juicio oral y público se desarrolló durante las últimas semanas en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Ruiz Orrico estuvo sentado en el banquillo como único imputado por el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay. Los cuatro jóvenes trabajadores, todos oriundos de Basavilbaso, fallecieron en el acto.
Cabe recordar que, al inicio del debate, el exfuncionario provincial ya reconoció su responsabilidad en el hecho y pidió perdón a las familias de las víctimas al prestar declaración ante el magistrado. El ex titular del Instituto Portuario provincial es juzgado por la muerte de Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.
