by contacto.wepastudio@gmail.com | Feb 28, 2026 | Destacado, Política
El contador Álvaro Sierra, el abogado Pablo Lapiduz y el contador Guido Longo presentaron formalmente ante el Honorable Concejo Deliberante de Concordia un pedido de uso de la Banca del Pueblo —instituida por la Ordenanza N° 31.087— con el objetivo de exponer un proyecto de ordenanza orientado a la reorganización institucional de dos entes autárquicos municipales.
El proyecto presentado
Según el comunicado difundido por los profesionales, la iniciativa busca “optimizar costos, reducir burocracia y fortalecer la transparencia en el funcionamiento municipal”.
El proyecto “plantea la disolución de dos entes autárquicos y la integración plena de sus funciones a la Administración Central del Municipio: el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (In.V.y.T.A.M.), y el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia (E.D.A.A.C.)”.
Indicaron además que “el presupuesto anual previsto para el presente ejercicio, considerado en conjunto para ambos entes, supera los $5.000 millones, cifra que —indicaron— amerita abrir un debate serio sobre la forma más eficiente y transparente de ejecutar esas políticas públicas”.
Los firmantes subrayaron que “la iniciativa no implica eliminar políticas, programas ni competencias, sino reordenar institucionalmente su ejecución” y que el proyecto “garantiza la continuidad laboral del personal de planta, preservando los puestos de trabajo”.
La propuesta es impulsada por tres profesionales independientes y cuenta con el acompañamiento político e institucional del partido local Compromiso por Concordia.
La respuesta del concejal Felipe Sastre
Tras hacerse pública la presentación, el concejal oficialista Felipe Sastre cuestionó la iniciativa y el pedido de uso de la Banca del Pueblo.
“Algunas semanas atrás ya me expresé públicamente sobre otros planteos que estaba haciendo la vecinal de Álvaro Sierra sin tener en cuenta las disposiciones legales aplicables. En esa oportunidad, les sugerí leer las leyes antes de volver a salir a dar un show mediático”, afirmó Sastre.
Además sostuvo que “a pocos días que el Intendente de su mensaje inaugural y volvamos a sesionar, salen en los diarios a pedir la Banca del Pueblo en contradicción al art. 5 de la Ordenanza N° 31844 que prohíbe a los partidos políticos —tengan o no representación en el Concejo Deliberante— solicitar el uso de ese mecanismo de democracia participativa”.
En el mismo pronunciamiento expresó que “en las épocas en las que Sierra era Secretario de Gobierno y Hacienda de Cresto, nosotros como oposición votábamos en contra de la creación del Ente del Aeropuerto y de hecho actualmente seguimos trabajando en una reestructuración. Respecto al InVyTAM, no es ninguna novedad que hace meses se viene estudiando el cierre del organismo y el traspaso de la estructura a la administración central, por ser deficitario y no cumplir con las mínimas condiciones de autarquía”.
También agregó: “No quiero ser mal pensado pero toda esta movida del ex monje negro del crestismo parece tener más que ver con su negativa a volver a prestar tareas en su nuevo lugar de trabajo, después de largos meses de licencia, que con una genuina preocupación por la salud fiscal de la Municipalidad”.
La réplica de Pablo Lapiduz
Horas más tarde, el abogado Pablo Lapiduz respondió públicamente al edil.
“Hubo una propuesta. Nada más. Y nada menos”, expresó.
Y añadió: “Le aclaramos entonces, para que no haya margen de confusión: no fuimos contra nadie; fuimos a favor de una idea. Si esa idea no le gusta, discútala. Si cree que puede mejorarse, mejórela. Si considera que no corresponde, rechácela con fundamentos”.
En otro tramo del texto señaló: “Responder a un aporte con enojo personal, grandilocuencia y tonos de barricada no fortalece su posición: apenas revela una dificultad evidente para procesar el disenso con madurez institucional”.
Finalmente concluyó: “Aun así, y pese al tono que usted ha elegido, seguimos creyendo que el camino correcto es el institucional. Menos show. Menos susceptibilidad. Menos ataques personales. Más lectura, más trabajo y más respeto por las ideas ajenas”.
El pedido de uso de la Banca del Pueblo quedó sujeto al procedimiento previsto en la normativa vigente del Concejo Deliberante.
Fuente: El Emtre Ríos
by contacto.wepastudio@gmail.com | Feb 28, 2026 | Destacado, Policiales
En horas de la noche de este viernes, personal policial de la Comisaría Octava fue comisionado al puente Frondizi, tras el aviso de un siniestro vial en la zona.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que, por causas que se encuentran bajo investigación, una camioneta Fiat Toro de color gris despistó y terminó debajo del puente.
Como consecuencia del hecho, el conductor del vehículo fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.
Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.
Fuente: Policía de Concordia
by contacto.wepastudio@gmail.com | Feb 28, 2026 | Destacado, Interés general
La iniciativa modificada por Diputados fue aceptada por la Cámara alta y quedó eliminado el conflictivo artículo de licencias médicas. Entre oficialismo y dialoguistas, la ley obtuvo 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra. Se abstuvieron dos santacruceños
La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei e inevitables consecuencias a medirse en el mediano plazo: la Cámara alta sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas. Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.
La iniciativa, defendida por el oficialismo como una herramienta para fomentar el empleo registrado y reducir la litigiosidad, fue cuestionada con dureza por la oposición, que la calificó como “flexibilizadora” y “regresiva” en materia de derechos laborales.
Bullrich: “Estamos cambiando la historia de la Argentina”
La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, fue una de las principales defensoras del proyecto en el tramo final del debate.
“Hoy tenemos trabajadores más libres”, aseguró durante su intervención. La legisladora sostuvo que el esquema laboral vigente “es un sistema que hace que nadie contrate a nadie” y afirmó que la nueva ley permitirá “crear empleos y bajar impuestos”.
Para Bullrich, la reforma se adapta “al mundo en el que vivimos” y significará “menos gente fuera del sistema”. “Estamos cambiando la historia de la Argentina”, enfatizó, en un mensaje directo hacia los sectores que cuestionan la flexibilización.
La oposición habló de “retroceso” y “ley esclavista”
Desde el bloque peronista, las críticas fueron contundentes. La senadora riojana Florencia López acusó al Gobierno de “mentirle a la gente”.
“Ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”, señaló, al advertir que la norma implica un debilitamiento de las garantías laborales históricas.
En la misma línea se expresó la rionegrina Ana Marks, quien calificó la iniciativa como “esclavista” y “flexibilizadora”.
“Lejos de modernizar, nos vuelve al 1800. Destruye los derechos laborales e intenta destruir la dignidad del pueblo trabajador en cada uno de sus artículos”, sostuvo. Además, consideró que la ley es “anticonstitucional” y negó que vaya a generar empleo.
Tenso cruce en el recinto
Uno de los momentos más álgidos de la jornada se produjo durante la intervención del senador Mariano Recalde, cuando se registró un fuerte cruce entre la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y la senadora libertaria Nadia Márquez.
Villarruel interrumpió el discurso para advertir que no se podía permitir el ingreso al recinto de personas que no fueran senadores o autoridades de bloque, en referencia al diputado Guillermo Montenegro, que había ingresado a saludar a legisladores oficialistas.
Cuando Márquez intentó intervenir, la presidenta del Senado le negó la palabra por no corresponder la interrupción. La situación escaló rápidamente y la senadora neuquina le gritó: “¡Es una mentirosa!”.
“Senadora, ubíquese”, respondió Villarruel, antes de que Recalde retomara su exposición.
Los puntos clave de la reforma laboral
La versión final del proyecto aprobado introduce modificaciones de peso en el régimen laboral argentino. Entre los aspectos centrales se destacan:
- Reducción de la presión impositiva sobre las empresas, con el objetivo declarado de incentivar la formalización del empleo
- Nuevos topes para aportes sindicales, lo que modifica el esquema de financiamiento gremial.
- Fondos de cese laboral: se habilita que los convenios colectivos puedan contemplar sistemas alternativos al régimen tradicional de indemnización por despido.
- Cambios orientados a disminuir la litigiosidad laboral.
El oficialismo sostiene que estas herramientas permitirán dinamizar el mercado de trabajo y facilitar la contratación en el sector privado. La oposición, en cambio, advierte que se trata de una transferencia de riesgos hacia los trabajadores y una pérdida de derechos adquiridos.
Un nuevo escenario laboral dispuesto por el Gobierno
Con la aprobación en el Senado, la reforma laboral queda sancionada y abre una nueva etapa en el marco regulatorio del empleo en la Argentina. Su implementación y los efectos concretos sobre la creación de puestos de trabajo y la formalización serán ahora el eje del debate público.
Mientras el Gobierno celebra lo que considera un paso estructural hacia la modernización económica, los sectores sindicales y parte de la oposición anticipan resistencia y posibles acciones judiciales.
La discusión, lejos de cerrarse con la votación, promete trasladarse ahora al terreno político, sindical y judicial.
by contacto.wepastudio@gmail.com | Feb 28, 2026 | Destacado, Interés general
La decisión del máximo órgano implica que la funcionaria judicial podrá volver a ocupar su cargo de Procuradora Adjunta. El fallo se dictó luego de la intervención de la Corte Suprema
La sentencia anuló el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento que había dispuesto la remoción de Goyeneche de su cargo de fiscal en mayo de 2022. La determinación se correspondió con un fallo de la Corte Suprema de 2024. El máximo tribunal definió que se habían vulnerado los derechos de la acusada en el procedimiento. El hecho en el que se basó fue el corrimiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y su sustitución por un fiscal ad hoc.
Ahora, Goyeneche volverá a ocupar su lugar en la Procuración General de Entre Ríos. Sin embargo, ya no podrá ejercer como Fiscal Anticorrupción. Es que la funcionaria había llegado a ese cargo por una resolución administrativa del jefe de los fiscales, Jorge García. La medida era provisoria por la falta de reglamentación de este cargo creado en la Constitución de 2008.
Luego de la destitución de Goyeneche por el Jury, la Legislatura sancionó una ley reglamentando la Fiscalía Anticorrupción. Dispuso que el cargo principal y los dos secundarios tenían que ser cubiertos por concurso ante el Consejo de la Magistratura. Además, bloqueó la posibilidad de que, mientras estén vacantes, puedan ser subrogados.
“Las funciones que se le atribuyen al Fiscal Anticorrupción, los Fiscales Anticorrupción Adjuntos y el Fiscal Auxiliar no podrán ser asumidas por ningún otro integrante del Ministerio Público Fiscal”, consigna el artículo 6° de la ley 11.000.
El concurso para estos cargos se abrió en 2022. Pero por una serie de impugnaciones quedó empantanado. Hoy por hoy, el Consejo de la Magistratura lleva casi dos años de parálisis en el tratamiento de concursos.
Fuente: Infobae
by contacto.wepastudio@gmail.com | Feb 28, 2026 | Destacado, Policiales
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, impuso hoy a Ezequiel Alejandro García la pena de 12 años de prisión más accesorias legales e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado”, por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad, en calidad de autor e imponer a Samuel Enrique Morel la pena de 10 años de prisión, más accesorias legales e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad”, en calidad de partícipe necesario.
El magistrado resolvió mantener la prisión preventiva de los condenado, bajo la modalidad de arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.
También se dispuso incorporar el perfil genético de Ezequiel Alejandro García y de Samuel Enrique Morel al Registro Provincial de Datos Genéticos y al Registro Nacional de Datos Genéticos una vez que la sentencia adquiera firmeza, de conformidad al procedimiento aprobado por Resolución S.T.J. N° 104/2022 del 21.06.2022 (cfr. Ley Nacional N° 26.879 – Decreto Reglamentario N.º 522/2017 – y Ley Provincial N° 10.016 – Decreto Reglamentario N.º 4.273 M.G.J. -).
El 14 de febrero último un jurado popular había declarado a M.S.E. culpable como partícipe del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales” y a G.E.A. como autor del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales”.
Durante la audiencia de cesura, efectuada el 20 de febrero último, las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, solicitaron una pena de 15 años de prisión para G.E.A., y de 12 años de prisión para M.S.E., pedidos a los que adhirieron los abogados querellantes Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld.
Por su parte, los abogados Damián Pettenati e Iván Vernengo ejercieron la defensa de M.S.E., en tanto que el letrado Claudio Berón asistió a G.E.A. Además, del debate también participó Julián Gracia en representación del Superior Gobierno de Entre Ríos.
Fuente: Prensa STJER
Se trató del juicio por jurados número 153 que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.
