Clausuraron un drugstore que funcionaba como boliche bailable: secuestraron 14 motos y detuvieron a una mujer

Clausuraron un drugstore que funcionaba como boliche bailable: secuestraron 14 motos y detuvieron a una mujer

Un operativo conjunto entre la Jefatura Departamental Concordia y personal de Inspección General de la Municipalidad terminó con la clausura de un drugstore que funcionaba como boliche bailable, la retención de 14 motocicletas y la aprehensión de una mujer de 27 años por resistencia a la autoridad.

El procedimiento se inició, a raíz de distintos disturbios registrados durante octubre en el exterior del local ubicado en inmediaciones de calles Roca Argentina y avenida Tavella.

Durante el operativo, los inspectores y efectivos policiales constataron que el establecimiento, cuyo propietario es un hombre de 49 años, era utilizado como boliche bailable, en infracción a las ordenanzas municipales vigentes.

Como parte del procedimiento, fueron identificados 49 hombres y 22 mujeres. Además, se retuvieron 14 motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Una mujer fue aprehendida

Durante el operativo, una mujer de 27 años, quien también es propietaria del local, se resistió a ser identificada y entorpeció el procedimiento policial.

Por disposición de la fiscal Luciana Musuliotis, fue aprehendida por resistencia a la autoridad.

Dos motos chocaron en avenida Tavella: tres personas resultaron con lesiones leves

Dos motos chocaron en avenida Tavella: tres personas resultaron con lesiones leves

Un choque entre dos motos se registró durante la noche de este domingo 1° de noviembre en avenida Tavella y las vías férreas, en Concordia. Como consecuencia del impacto, tres personas fueron trasladadas al hospital Masvernat, donde se constató que presentaban lesiones leves. Además, un hombre de 28 años fue aprehendido por resistencia a la autoridad durante el procedimiento policial.

Según se informó, el siniestro ocurrió cuando una moto Keller Crono 110 cc, conducida por un joven de 19 años que circulaba acompañado por una joven de 18, transitaba por avenida Tavella en sentido norte-sur, a contramano.

Al llegar a la intersección con las vías férreas, el rodado colisionó con otra moto Keller Crono 110 cc, conducida por un hombre de 42 años que circulaba en sentido sur-norte, por su mano correspondiente.

A raíz del impacto, los tres involucrados fueron trasladados al hospital Masvernat, donde se informó que presentaban lesiones leves.

Un detenido durante el procedimiento

Mientras efectivos de la Comisaría Cuarta trabajaban en el lugar y mantenían delimitado el perímetro de seguridad, dos hombres que circulaban en una moto atravesaron el sector sin respetar las indicaciones policiales, entorpeciendo el procedimiento.

Posteriormente, ingresaron a un domicilio cercano, donde fueron interceptados y reducidos por los efectivos. Por disposición de la fiscal Luciana Musuliotis, uno de ellos, de 28 años, fue aprehendido por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Además, durante el operativo se retuvieron dos motos por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

El Senado entrerriano impulsa la creación de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales

El Senado entrerriano impulsa la creación de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó un proyecto de comunicación para solicitar a la Procuración General de la Provincia la creación de una fiscalía especializada en abigeato y otros delitos rurales conexos. La iniciativa responde a reclamos de productores y organizaciones del sector agropecuario por la reiteración de robos de ganado.

El proyecto fue presentado por la senadora del departamento La Paz, Patricia Díaz, y aprobado durante la sesión del jueves 29. La propuesta plantea que el Ministerio Público Fiscal cuente con una unidad especializada, con personal capacitado y actuación coordinada con las fiscalías de las distintas jurisdicciones de la provincia.

Entre los puntos solicitados se encuentran la definición de su organización, cobertura territorial, dotación y medios de investigación. También propone establecer mecanismos de coordinación con la Policía de Entre Ríos y los organismos competentes en identificación y tránsito de hacienda, además de canales de atención y orientación para los productores damnificados.

La iniciativa tomó impulso a partir de las advertencias de distintas organizaciones agropecuarias sobre la reiteración de robos de ganado, especialmente en departamentos del norte entrerriano.

En los fundamentos, Díaz destacó los reclamos planteados por Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien expuso la situación de robos reiterados de hacienda en la zona de Bovril y propuso avanzar en la creación de fiscalías especializadas y una mayor coordinación institucional.

Los argumentos del proyecto

Según los fundamentos, la especialización permitiría reunir conocimientos sobre identificación de animales y documentación de sus movimientos, preservar pruebas y analizar posibles vínculos entre distintos hechos.

También se señala la importancia de investigar eventuales circuitos de traslado, faena y comercialización de ganado mediante pruebas y con la intervención coordinada de los organismos competentes.

Para fundamentar el pedido, la senadora citó el artículo 207 de la Constitución provincial, que reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público y atribuye al Ministerio Público Fiscal la acción penal pública y la conducción de la investigación.

Asimismo, mencionó la Ley Orgánica del Ministerio Público N.º 10.407, cuyo artículo 17, inciso i), faculta al Procurador General a crear unidades especializadas para investigar delitos complejos.

El proyecto también contempla la atención a los productores damnificados y la articulación con las dependencias policiales y los organismos de control de hacienda, con el objetivo de mejorar la investigación y brindar respuestas dentro de las garantías del proceso penal.

Fuente: APFDigital

Confirman que los delitos de lesa humanidad cometidos en el Regimiento 6 de Concordia durante la dictadura son imprescriptibles

Confirman que los delitos de lesa humanidad cometidos en el Regimiento 6 de Concordia durante la dictadura son imprescriptibles

Lo confirmó la Cámara de Apelaciones de Paraná al rechazar de manera parcial los recursos que presentaron las defensas contra el procesamiento que dictó el Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay. La causa se inició en 2021 por denuncia del Registro Único de la Verdad de Paraná, por la presentación de una mujer de Uruguay, que denunció que fue secuestrada junto a su hermano.

La Cámara de Apelaciones de Paraná, integrada por Mateo Busaniche y Cintia Gómez, resolvió el viernes “rechazar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por la defensas de los imputados, y en consecuencia confirmar la resolución del 31 de agosto de 2026, que resolvió –en lo que aquí interesa- declarar que el hecho imputado es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible…”.

La Resolución también comprendió la confirmación del “auto de procesamiento de Juan Ignacio Alemán y Jorge Enrique Echeverría por considerarlos coautores de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de las víctimas de nacionalidad uruguaya, abuso deshonesto agravado por el concurso de dos o más personas y encubrimiento del homicidio de JP; el procesamiento de Miguel Ángel Galeano por considerarlo coautor del delito de asociación ilícita en concurso real con el delito de encubrimiento de homicidio de JP; y el procesamiento de Horacio Goris por considerarlo coautor del delito de asociación ilícita en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de J P y encubrimiento de homicidio del nombrado; y revocar el embargo dispuesto a los fines de que se dicte un nuevo pronunciamiento, en virtud de las consideraciones expuestas(artículo 455 del CPPN)”.

Las actuaciones cuyo desarrollo procesal ameritó la intervención de la Alzada, se iniciaron el 14 de abril de 2021 a partir de la denuncia recibida a la casilla de correos del Ministerio Público Fiscal (MPF), remitida por Mariana Larobina, responsable del Área de Investigación y Educación del Registro Único de la Verdad de Paraná, informando que “una persona identificada como MJS (de nacionalidad uruguaya), refirió -por la misma vía- que fue detenida el 3 de julio de 1977 -en el marco de la última dictadura cívico militar-, secuestrada junto con su hermano JSS, EERG y LU, torturada y violada”.

Respecto del planteo de prescripción interpuesto, la Cámara coincidió con los fundamentos que vertió la Magistrada de primera instancia. Resalto “–una vez más- que la consideración de los hechos como crímenes contra la humanidad acarrea una serie de consecuencias que, desde ya, resultan aplicables al presente caso”. Así, indicó que “en primer término, la prohibición de esta categoría de crímenes es considerada parte del ius cogens, es decir, son normas imperativas de derecho internacional general aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados como normas que no admiten acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modificadas por normas ulteriores de derecho internacional general del mismo carácter (art. 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados)”.

En aquella línea reiteró que “por ello, en concordancia con lo sostenido por la Magistrada, al encontrarse involucrada la posible comisión de un ‘delito de lesa humanidad’, la acción penal deviene imprescriptible, por lo que corresponde rechazar el planteo en lo que a este punto respecta”.

La Cámara también rechazó el planteo de nulidad de las declaraciones testimoniales de Galeano, Echeverría, Aleman y Goris, de los que las defensas entendieron que “constituyen la prueba central de las imputaciones efectuadas, esta Alzada, en relación a los primeros tres, ya se ha expedido… y se encuentra firme”.

La versión se contrapone

La defensa cuestionó que las declaraciones de los imputados ante el “el juez de instrucción militar fueron el fundamento probatorio de la imputación fiscal, habiéndose determinado por el MPF que la versión de la pretendida fuga del nombrado [P] estaría acreditada por las actuaciones administrativas labradas y por la evidencia citada al momento de imputárseles los hechos, dejando aclaración de que ‘la versión militar de la fuga se contrapone a otros testimonios colectados en la investigación acerca de la desaparición…’, reseñando los testimonios centrales, entre ellos el de la querellante MEP”.

También evaluó que se sostuvo que “con el mero objeto de reconstruir el contexto en el que se instrumentó el falso relato de la supuesta fuga de la víctima, lo cual fue definitivamente desvirtuado por la sentencia recaída en la causa ‘Appiani’, en la que se acreditó que dicho episodio constituyó una maniobra de encubrimiento de los delitos perpetrados en perjuicio de ‘P’, y se concluyó que ‘dichas declaraciones no fueron valoradas como única prueba tendiente a demostrar la intervención de los imputados en los hechos investigados, siendo acabadamente fundado por las pruebas enumeradas el requerimiento de instrucción efectuado por la Fiscal Federal’, por lo que se confirmó la resolución que no hizo lugar al planteo de nulidad”.

En cuanto al resto de los agravios introducidos por las respectivas defensas contra el auto de procesamiento, recordó que las normas no contienen, para esta etapa de producción de evidencia, “la exigencia de que se acredite fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan ‘elementos de convicción suficientes’ sobre el mismo y sobre la intervención de los encausados”.

Añadió que “es que si en esta etapa se debieran analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos se tornaría innecesaria la etapa del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate” y que “de la lectura de la resolución recurrida se advierte que los elementos cuya valoración llevaron a la Magistrada a tener por acreditada la intervención de Juan Aleman, Miguel Galeano, Jorge Echeverría y Horacio Goris en cada uno de los hechos que se les atribuye resultan suficientes para su confirmación”.

PRO: Un plan sistemático de represión

Los magistrados fundamentaron su resolución sosteniendo que “en este sentido, se tuvo en cuenta el marco histórico en el que se desarrollaron los hechos investigados, esto es el plan sistemático de represión imperante durante el denominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’; los cuales conforman los llamados “crímenes contra la humanidad” y el valor probatorio principal que se les reconoce a las declaraciones testimoniales colectadas en autos ante las dificultades probatorias en investigaciones como las presentes”.

Fuente: APFDigital

Equipos del Copnaf se preparan para ampliar las respuestas ante el nuevo régimen penal juvenil

Equipos del Copnaf se preparan para ampliar las respuestas ante el nuevo régimen penal juvenil

Equipos de Libertad Asistida, centros cerrados y coordinaciones departamentales del Consejo Provincial de Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), junto a representantes del servicio penitenciario; participaron de una jornada técnica con especialistas de la ONG Corporación Opción, de Chile. El objetivo fue conocer metodologías de trabajo y comenzar a analizar qué herramientas pueden aportar para fortalecer la provincia ante los cambios que propone la ley nacional 27.801.

“La nueva ley amplía el universo de adolescentes que pueden ingresar al sistema penal y eso nos exige prepararnos. Queremos que nuestros equipos tengan herramientas para responder de manera especializada ante las distintas situaciones que puedan presentarse. Esta instancia nos permite conocer experiencias, revisarlas desde nuestra práctica y analizar qué podemos adaptar a Entre Ríos”, señaló la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack.

Durante la jornada se trabajó sobre herramientas concretas para la intervención con adolescentes y jóvenes en contacto con el sistema penal. Entre ellas, metodologías para establecer compromisos y objetivos de trabajo, abordar el trato entre pares, trabajar sobre la motivación y la justicia restaurativa. También se presentaron experiencias socioeducativas orientadas a sostener o recuperar la vinculación con la educación, adaptando la intervención a las características y necesidades de cada adolescente.

El fortalecimiento de estas capacidades forma parte de la adecuación que requiere el nuevo régimen penal juvenil. La ley nacional 27.801 contempla distintas respuestas y establece que la privación de libertad debe ser excepcional, por lo que la preparación provincial involucra tanto a los dispositivos cerrados como a las intervenciones que se desarrollan en medio libre, entre ellas Libertad Asistida. Para la provincia, este proceso implica preparar infraestructura, pero también equipos especializados y herramientas que permitan responder de manera diferenciada según cada situación.

La actividad da continuidad a la asistencia técnica propuesta por UNICEF que comenzó esta semana con una primera instancia de intercambio institucional en conjunto con defensores, jueces y magistrados. El trabajo permitirá seguir revisando las prácticas actuales y evaluar la incorporación y adaptación de nuevas metodologías al contexto entrerriano.