El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), vocal Germán Carlomagno, en ejercicio de la Presidencia del Honorable Tribunal Electoral de la provincia, recibió este jueves a representantes de partidos políticos que solicitaron su reconocimiento jurídico-político provisorio para las jurisdicciones municipales de Victoria, Paraná, Puerto Yeruá y Federación, respectivamente.
En el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos del STJER, se otorgó el reconocimiento jurídico-político provisorio a la agrupación política “Somos Victoria ”, para actuar a nivel municipal en la ciudad de Victoria. Estuvieron presentes los representantes Carla Almada, Federico Almada, Ailén Guerra y Carlos Franceschelli.
También se otorgó reconocimiento jurídico-político provisorio a la agrupación política “Raíz Democrática”, para actuar a nivel municipal en la ciudad de Paraná. Concurrieron Ariel Ramírez, Adriana Martínez, Gastón Ávila, María Celia Estadella y Gustavo Andolfo.
Además, dieron reconocimiento jurídico-político provisorio a la agrupación política “Primero Puerto Yeruá ”, para actuar a nivel municipal en la ciudad de Puerto Yeruá. Asistieron Julieta Ferrer y Rubén Bonelli.
Además obtuvo el reconocimiento jurídico-político provisorio la agrupación política “Vamos Federación ”, para actuar a nivel municipal en la ciudad de Federación. Estuvieron presentes Juan José Losco, Jesica Bauche, Mario Romero y Daniela Burna.
“Para conseguir el reconocimiento definitivo los partidos políticos deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, el de contar con una determinada cantidad de afiliados, para lo que recibieron las fichas correspondientes”, indicaron desde el STJ.
Junto al vocal Carlomagno estuvieron los restantes miembros del Honorable Tribunal Electoral, el vocal del STJER, Leonardo Portela y la jueza Gabriela Sione.
En representación del Ministerio Público Fiscal concurrió el fiscal Coordinador Álvaro Piérola; el secretario general del Tribunal Electoral de la provincia, Lisandro Minigutti, y el prosecretario, Luciano Chiavaro.
El programa provincial de entrenamiento laboral Entrenados fue presentado este jueves por el gobernador Rogelio Frigerio en el Frigorífico Alberdi, una de las firmas adheridas, radicada en Oro Verde. La iniciativa busca vincular la formación laboral juvenil con las necesidades del sector privado entrerriano.
Entrenados es una política pública impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo destinada a promover la inserción laboral de jóvenes y personas sin empleo registrado mediante prácticas en entornos reales de producción. La medida contempla en su primera etapa 500 cupos en todo el territorio provincial, donde el Estado asume el financiamiento de una beca incentivo, el seguro correspondiente y la emisión de un certificado de calificación profesional al finalizar el proceso, sin generar un vínculo laboral formal durante la etapa de práctica.
Durante la presentación del programa, el gobernador remarcó la importancia del trabajo coordinado entre el sector público y el privado para generar empleo formal y capacitado en la provincia. En relación con los objetivos centrales de la iniciativa, el mandatario sostuvo que “el Estado tiene una responsabilidad en la capacitación y el entrenamiento de la fuerza laboral. Nosotros tenemos como norte de gobierno generar condiciones para que haya más empleo en el sector privado y para eso necesitamos fuerza laboral entrenada y capacitada, y este programa es fundamental para lograr ese objetivo”.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de derribar las barreras de la falta de experiencia previa al señalar que “por eso estamos impulsando este programa para acercar dos mundos que muchas veces están desconectados, el de los jóvenes que quieren trabajar y el de las empresas que necesitan incorporar gente nueva”.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, brindó los detalles operativos de la iniciativa y destacó que se trata de una política pública inédita en la historia de la provincia al llevar la formación directamente a los establecimientos productivos. Al respecto, el funcionario explicó que “la primera etapa consta de 500 cupos de becarios, donde el gobierno provincial se hace cargo del incentivo becario, del pago del seguro y de expedir un certificado de calificación profesional al terminar la beca, que puede durar entre cuatro y seis meses con una carga de 20 horas semanales. Hay 30 establecimientos productivos ya inscriptos en 12 departamentos de la provincia”. Troncoso destacó el “gran trabajo de todo el equipo de la Secretaria de Trabajo trabajando con el sector privado desde el origen del programa” y agregó “que el esquema fue diseñado con el objetivo de simplificar los trámites administrativos para el sector productivo y los postulantes”
A su vez, el gerente de Recursos Humanos del Frigorífico Alberdi, Javier Mercau, fundamentó las razones por las cuales la compañía decidió sumarse a la propuesta solicitando 50 cupos para sus distintas áreas productivas y operativas. Al referirse a lo que representa esta oportunidad para la firma, el directivo expresó: “Para nosotros es una iniciativa muy importante, porque le da la posibilidad a jóvenes que tengan su primera experiencia laboral. Para nosotros el ayudar a formarlos, a emprender en esta primera etapa, es muy bueno, porque también a nosotros nos sirve nutrirnos de esos chicos que ya tengan una experiencia in situ. No es lo mismo lo que vos podes aprender en la teoría que en la práctica, más en este tipo de industria que son oficios que se aprenden trabajando”.
Modalidad de inscripción y líneas de acción
El programa Entrenados se estructura en dos componentes principales. Entrenados Formación, enfocado en financiar las becas prácticas en los puestos de trabajo, y Entrenados-Match, orientada a facilitar la posterior contratación formal de las y los participantes mediante aportes no reintegrables del Estado para cofinanciar parte del salario inicial.
Tanto para las empresas interesadas como para las y los aspirantes, la inscripción es 100 por ciento digital a través del portal oficial Mi Entre Ríos. Las firmas deben contar con instalaciones en regla, nombrar un tutor formativo y presentar un proyecto detallado de capacitación.
Para consultas o asistencia técnica, la Secretaría de Trabajo dispuso las casillas institucionales: programaentrenados-sectrabajo@entrerios.gov.ar y sectrabajo@entrerios.gov.ar.
El plenario de secretarios generales de AGMER se reunió este jueves en Villaguay y reclamó una recomposición salarial para los docentes entrerrianos. El gremio cuestionó las políticas económicas nacionales y provinciales y exigió garantizar medicamentos a afiliados de OSER.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) exigió una convocatoria urgente a paritarias para discutir una recomposición salarial significativa, tras el plenario de secretarias y secretarios generales realizado este jueves 22 de octubre en Villaguay. Durante el encuentro, el sindicato cuestionó las políticas económicas de los gobiernos nacional y provincial, denunció una pérdida del poder adquisitivo docente y reclamó soluciones a los problemas de cobertura de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
A través de una declaración, el gremio sostuvo que los trabajadores de la educación atraviesan una situación económica crítica y responsabilizó a las administraciones de Javier Milei y Rogelio Frigerio por el deterioro de los ingresos. Además, advirtió sobre las consecuencias de la inflación, la precarización laboral y los recortes presupuestarios en el sistema educativo.
“Venimos transitando meses dramáticos como clase trabajadora”, expresó el documento. Asimismo, AGMER sostuvo que “los resultados de la política económica de Milei apoyada en cada una de sus medidas por Rogelio Frigerio tienen gravísimas consecuencias”, entre las que mencionó el empobrecimiento salarial, la pérdida de puestos de trabajo y la recesión económica.
AGMER denunció una pérdida salarial frente a la inflación
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al Gobierno provincial por la política salarial aplicada durante los últimos meses. El sindicato consideró que los incrementos otorgados mediante decretos no permitieron recuperar el poder adquisitivo de los docentes.
En ese sentido, AGMER afirmó que el cargo testigo docente se encontraba en $910.000, frente a una canasta básica que el gremio estimó en $1.632.505. A partir de esa comparación, denunció una diferencia cercana al 45% entre ambos valores.
“El balance de su gestión junto al gobernador Frigerio se resume en una pérdida del 45 % de nuestro sueldo respecto de la canasta básica”, manifestó la organización sindical en referencia al ministro de Economía provincial, Fabián Boleas. El documento también señaló que, desde diciembre de 2025, los trabajadores acumularon una pérdida salarial de 16,6 puntos porcentuales frente a la inflación. Según las cifras difundidas por AGMER, durante ese período los precios aumentaron un 26,6%, mientras que los salarios recibieron una actualización del 10%.
Cuestionamientos al presupuesto educativo y las políticas nacionales
El plenario también expresó su rechazo a las políticas educativas del Gobierno nacional y cuestionó las previsiones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. Según el sindicato, la iniciativa contempló una asignación equivalente al 0,79% del Producto Bruto Interno para Educación y Cultura, cifra que contrastó con el 6% establecido como objetivo por la Ley de Financiamiento Educativo. Estos porcentajes fueron presentados por AGMER en su declaración y no constituyen una comparación presupuestaria verificada de manera independiente.
Además, la organización advirtió sobre la eliminación de fondos destinados al incentivo docente y la conectividad, así como sobre las restricciones presupuestarias que, según su evaluación, afectan al Instituto Nacional de Educación Tecnológica, la infraestructura escolar y la formación docente.
El gremio también manifestó su oposición a una eventual reforma del sistema educativo nacional, al considerar que podría afectar el financiamiento estatal, las condiciones laborales y el acceso a la educación pública.
Reclamos por la cobertura de medicamentos de OSER
Otro de los ejes centrales de la declaración estuvo relacionado con el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos. AGMER cuestionó la situación de las prestaciones médicas y denunció dificultades para acceder a determinados tratamientos. “La promesa de que OSER venía a subsanar la obra social se diluyó en los hechos: los problemas estructurales no se solucionaron y otros se acentuaron”, sostuvo el documento sindical.
En particular, el plenario exigió que OSER garantice inmediatamente el acceso a medicamentos para afiliados oncológicos y diabéticos, ante las interrupciones en las entregas denunciadas por la organización. La declaración no precisó cuántos afiliados estarían afectados.
El sindicato también manifestó preocupación por las dificultades para acceder a prestaciones de salud mental y destacó la importancia de contar con representación de los trabajadores en la conducción de la obra social.
Titularizaciones y otros pedidos del gremio docente
Además de la convocatoria a paritarias, AGMER reclamó la publicación de los listados provisorios correspondientes a los concursos de titularización, pase y traslado en Educación Inicial, Primaria y sus modalidades. También solicitó avanzar con los procesos de titularización en Educación Secundaria y Superior, junto con la continuidad de las carreras de formación docente.
Durante el encuentro, la organización ratificó su compromiso con la defensa de la educación pública y convocó a los trabajadores a mantener la unidad sindical. En ese marco, destacó el papel de la Escuela Itinerante de AGMER como espacio de articulación con las comunidades educativas.
Finalmente, el plenario incorporó un reclamo por la aparición con vida de Nancy Godoy, docente correntina desaparecida cuando se dirigía a la escuela, según expresó la declaración. “Convocamos a la docencia a que sigamos unidos en la lucha por más escuela pública, por más derecho social a la educación, por dignidad y derechos para nuestro pueblo”, concluyó el documento difundido tras la reunión en Villaguay.
El presidente municipal de Puerto Yeruá, Daniel Sergio Benítez, presentó su renuncia al Departamento Ejecutivo municipal, con fecha de efectividad a partir del 31 de octubre de 2026. En una nota dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Sgüerzo, argumentó motivos personales, familiares y de salud.
La renuncia fue presentada el 20 de octubre. En el escrito, Benítez solicitó al Concejo Deliberante que acepte su dimisión y señaló que las razones invocadas le impiden continuar al frente de sus funciones.
“Motivan la presente razones estrictamente personales, de índole familiar y de salud, que hacen imposible el cumplimiento acabado de mis funciones como tal”, expresó.
Además, agradeció la colaboración y el acompañamiento recibidos durante su gestión por parte de los integrantes del Concejo Deliberante, los funcionarios del Departamento Ejecutivo y el personal municipal.
En el cierre de la nota, Benítez se despidió de los vecinos de Puerto Yeruá y agradeció la confianza depositada durante estos años de gestión. También manifestó su deseo de que la ciudad continúe creciendo.
La renuncia establece el 31 de octubre de 2026 como fecha de salida del cargo. En el documento, el intendente solicitó formalmente que el Concejo Deliberante acepte su dimisión.
Tras la decisión unánime del Concejo Deliberante de Concordia de derogar la Ordenanza N.º 34.338, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) difundió un duro pronunciamiento en el que lamentó la medida, cuestionó el procedimiento y advirtió sobre sus posibles consecuencias para las pequeñas y medianas empresas locales.
La entidad sostuvo que no se opone a la llegada de nuevas inversiones ni a la instalación de comercios, pero consideró que la alternativa debía ser aplicar la Ley Provincial N.º 9.393 de Grandes Superficies Comerciales y agilizar los trámites, en lugar de eliminar la adhesión municipal a la normativa.
En el comunicado, el CCISC también cuestionó la falta de diálogo con las instituciones comerciales y afirmó que la derogación se concretó mediante un trámite que calificó de “express”, sin participación de los sectores que impulsaron y sostuvieron la aplicación de la ley durante casi tres décadas.
El comunicado completo del CCISC
El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia lamenta profundamente la decisión del Concejo Deliberante de derogar la ordenanza por la cual nuestra ciudad adhería a la Ley Provincial N° 9393 de Grandes Superficies Comerciales.
Queremos ser claros una vez más: no estamos en contra de que se instalen nuevos comercios ni de que lleguen inversiones. Entendemos y compartimos la preocupación por el empleo en una ciudad que atraviesa una situación social muy difícil desde hace demasiado tiempo. Justamente por eso creemos que el camino no era salir de la ley, sino aplicarla a tiempo. Mas cuando no estamos hablando de empresas productivas, sino extractivas, que sólo reemplazan a las locales sin generar riqueza neta alguna.
La Ley 9393 no prohíbe la instalación de supermercados, hipermercados ni cadenas mayoristas. Lo que hace es regularla: exige una autorización previa, un estudio de impacto y una instancia de participación de la comunidad, tal como establece su Decreto Reglamentario N° 1769/2010. Distintas cadenas ya cumplieron ese procedimiento en Concordia; en el día de ayer se realizó una audiencia pública aplicando esta misma ley en Crespo. Desde su puesta en marcha, quienes impulsaron su aplicación lo resumieron con claridad: la ley no prohíbe, regula.
El almacén y los autoservicios de barrio no son solo negocios. Es donde el vecino compra cerca, donde trabaja una familia concordiense y donde lo que se gana se reinvierte en la misma ciudad. Los puestos de trabajo que se crean con una gran apertura se ven el primer día; los que se pierden en el comercio de cercanía aparecen después, de a uno. Por eso pedimos que se mida el saldo completo. Si el problema es que los trámites son lentos, la solución es acortar los plazos y que los organismos respondan a tiempo, no eliminar la evaluación.
Por cada puesto de trabajo generado por un emprendimiento de este tipo, se pierden 2,4 empleos o autoempleos (propietarios) en el comercio local, sin contar con la pérdida de empleo en la cadena de suministros del comercio local, ya que este tipo de empresas no suelen comprar productos en la región.
Desde el CCISC hemos hecho presentaciones formales e informales al Municipio respecto a este y otros emprendimientos comerciales hace más de 8 meses, algo usual ante la consulta de distintos socios. De todos los demás, hubo respuesta formal, de éste en particular, solo evasivas o ambigüedades. También hubo demoras injustificables en enviar la documentación a la Dirección de Comercio Interior de la provincia, algo que sucedió recién hace 15 días, en vísperas de la pretendida apertura.
La empresa, por otra parte, sabía desde el momento de solicitar el permiso de uso de suelo que el emprendimiento podría ser alcanzado por la Ley, amén de que ya en dos oportunidades anteriores logró eludir la aplicación de la misma a otros emprendimientos en la ciudad. Sin embargo, haciendo caso omiso, avanzó con su instalación para luego presionar ante la sociedad y los medios con su imposibilidad de abrir, cuando bien sabían que debían cumplir la ley, como cualquier otra empresa.
Quizás, si esta era la decisión final por parte del Municipio, no hubiera estado de mas debatirla de cara a la sociedad y a las instituciones, no un trámite “express” a pedido y a medida de un interesado particular, sin intervención alguna de quienes durante casi 30 años velaron por la creación, promulgación, reglamentación y vigencia de esta Ley.
Nadie puede decir que el CCISC no es una institución de diálogo y razonabilidad, como tampoco lo es la actual conducción.
Ningún funcionario o concejal se comunicó con algún miembro de la institución, como suelen hacerlo cada vez que necesitan apoyo o colaboración en alguna iniciativa propia. Quizá el fenómeno de El Niño afectó a las líneas telefónicas, o el tiempo dedicado a Instagram no lo haya permitido…
A nuestros socios y representados, a las PyMES de Concordia, les decimos que, como desde hace casi 106 años, continuaremos luchando por las empresas de nuestra ciudad, redoblando la apuesta en cada una de las gestiones. Jamás seremos voceros ni serviles de quienes detenten una pequeña y miserable cuota de poder.
Muchas empresas locales se perdieron en estos últimos 30 años y, lamentablemente, muchas mas quedarán en el camino gracias a este tipo de políticas.
La Ley 9393 es una de las banderas de la institución, sigue vigente en la provincia y seguiremos trabajando en su mejora, con más ganas que nunca, porque el árbol no nos tapa el bosque y las dificultades nos engrandecen.
Cuando una norma se modifica con el propósito exclusivo de favorecer a una persona o grupo determinado, se vulneran principios constitucionales fundamentales en el derecho argentino. Cuando dos instituciones (CCISC y CASCO) quedan excluidas y silenciadas del debate, “algo huele mal en Dinamarca”.
Comisión Directiva – Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia/Dru